La Diputada de lengua de la Diputación de A Coruña participó en la presentación del informe anual de la línea del gallego 2022
La mitad de las quejas tramitadas por la Mesa en 2022 fueron por vulnerar el derecho al uso del gallego
Marcos Maceira, presidente de la Mesa por la Normalización Lingüística; Sara Seco, responsable del texto; y Soledad Agra, diputada de Lengua de la Diputación de A Coruña, presentaron esta mañana en Compostela el informe anual de la Línea del Gallego correspondiente al 2022. Segundo recoge dicho informe, a lo largo del pasado año, la entidad de defensa de la lengua tramitó a través de llamadas, correo electrónico y de la app de la Línea del gallego un total de 1048 expedientes, de los que 43 fueron tramitados cómo enhorabuenas, 536 cómo consultas y 469 cómo quejas. De estas quejas, el 22% están relacionadas con la deturpación de la toponimia, el 20% con la rotulación y señalización, el 17% con la imposibilidad de uso del gallego en la atención oral y escritura, el 21% en los servicios online y el 20% por otras discriminaciones (20%).
El volumen de quejas y enhorabuenas fue similar al del año anterior, pero en las consultas se produjo un aumento enorme, pasando de 55 en el 2021 a 536 en 2022, lo que muestra por una parte la necesidad y consolidación del servicio, mas también su calidad en la medida en que es capaz de conseguir un cambio de actitud en la parte inicialmente incumplidora. En la presentación del informe, el presidente de la Mesa, Marcos Maceira, recordó que La Línea del Gallego es el único servicio gratuito que si oferta en Galicia para consultas, quejas y enhorabuenas y que en este momento solo cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña, cuyo compromiso destacó frente al absentismo de sus deberes de la Xunta de Galicia. "La acción de la Línea del gallego es reconocida año después de año en los informes de la Valedora del pueblo al Parlamento de Galicia cómo fundamental para resolver positivamente parte de las denuncias con motivación lingüística que recibe la institución", recordó, y sirve para documentar denuncias internacionales como las presentadas en el Consejo de Europa o la ONU.
La responsablel del informe, Sara Seco, explicó que las consultas recibidas por la Línea del Gallego tienen a ver con situaciones donde inicialmente si niega a personas usuarias de servicios la posibilidad de usar y recibir atención en gallego. "Una anomalía en un país en el que teóricamente su lengua propia es oficial, mas que contrasta con las posibilidades reales de uso", aseguró Maceira, "y donde cada vez más el uso si ponen en cuestión invocando una supuesta obligatoriedad de hablar español".
Se observa un "aumento de la consciencia lingüística" y de la necesidad de las administraciones públicas y empresas asumir deber y compromisos claros con la lengua. Además en lo caso de las entidades públicas, concretamente las autonómicas, se asume que tienen un deber mayor en lo uso de la lengua que no cumplen, una actitud que está detrás del hecho de ser el 37% de las quejas recibidas, el 51% de ellas dirigidas a la Consellaría de Sanidad y al Servicio Gallego de Salud.
El SERGAS es el servicio más empleado por gallegos y gallegas de todas las edades y que más problemas ponen a la ciudadanía para un uso normal del gallego, en la atención oral, escritura y mismo en formularios cómo los de consentimiento informado para cirugías que si pueden encontrar en docenas de lenguas excepto, sistemáticamente, en gallego. Hace falta recordar que el SERGAS si negó a colaborar con una campaña desenvolvidada por la Mesa para animar a las personas trabajadoras y usuarias la si mantener en lo uso del gallego. "Este departamento es hoy lo que más abiertamente actúa contra lo gallego en una administración autonómica sha de por sí muy contraria a la lengua de Galicia", destacó el presidente de la Mesa.
Respecto a las empresas privadas, Sara Seco destacó cómo los casos mas "preocupantes", aquellos donde "las empresas si atreven, amparados en la impunidad, a recriminar a su clientela el uso de la lengua gallega, instándola a usar el castellano para completar los servicios solicitados". Desde la entidad de defensa de la lengua se recuerda que estos casos son de gravedad especial en aquellos casos donde las empresas privadas prestan servicios contratados por la administración pública.
"El chantaje lingüístico para forzar a las usuarias y usuarios de servicios está al orden del día", destacó el responsable de la Mesa, "cómo una muestra de que vivimos en una situación donde el racismo lingüístico está absolutamente naturalizado". "Vivimos en un marco legal donde teóricamente todos y todas tenemos derecho a utilizar el gallego en nuestras relaciones de consumo, mas cómo en la práctica las empresas no tienen deber de corresponder, ese derecho no se puede ejercer", resumió Manzano. "Las empresas que operan en Galicia deberían de ofrecer en todos los casos la opción de gallego y la Xunta tiene que hacer que así sea", finalizó, "si realmente querer fomentar el empleo de la lengua gallega, debería comenzar por eliminar los límites, los chantajes y las coacciones que impiden llevar a cabo una vida en lo propi idioma".
La diputada de Lengua de la Diputación de A Coruña, Soledad Agra, recordó que "es preciso trabajar por la igualdad de derechos lingüísticos y la pones fin de los perjuicios, tópicos y actitudes negativas que aún hoy afectan al uso de nuestra lengua" y destacó el deber de las entidades públicas a la hora de "garantizar que cualesquiera persona que así lo desee pueda desarrollar su vida plenamente en gallego con normalidad". En este sentido, Agra destacó la "esperanza" que supone La Mesa y confirmó el compromiso de su departamento con la Línea del Gallego.