La Diputación le exige a la Xunta y Estado incrementar la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar, que ahoga las economías municipales
El pleno aprobó una moción de PSOE y BNG en la que si expone que los ayuntamientos asumen ya más de la mitad de la financiación de un servicio básico que es de competencia autonómica
El pleno rechazó la moción de apoyo a la instalación de Altri en Palas de Rei presentada por el Partido Popular
La Diputación insta a la Xunta y Estado a que aumenten la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar para que los ayuntamientos no tengan que asumir este y puedan desarrollar correctamente este servicio ante lo incremento de costes que supone.
La moción presentada por PSOE y BNG fue aprobada por unanimidad tras ser emendada por lo PP, que pidió que en el texto incluyera también la demanda al Estado de que cumpla con sus aportaciones económicas a la Ley de dependencia.
A portavoz del PSOE en este punto, Mónica Rodríguez, explicó que una hora de Servicio de Ayuda en el Hogar supone actualmente uno cueste de entre 22 y 24 euros, de los que la Xunta, contando con las aportaciones económicas que le hace el Estado para este servicio, aportación 12 euros. Por contra, los municipios acercan el resto, entre 10 y 12 euros por hora con fondos propios. "Isto, sumado a que lo SAF es un servicio cada vez más demandado por mor del envejecimiento de la población, provoca que los municipios tengan que asumir importantes cargas económicas, que si incrementan año a año e hipotecan y lastran su futuro económico", afirmó señalando que "la situación es tan grabe que en muchos ayuntamientos lo SAF supone uno de cada tres euros de los que disponen los ayuntamientos para gasto corriente. En lo caso de Vimianzo, destinamos la SAF un millón de euros de los seis que tenemos de presupuesto anual", afirmó.
El texto aprobado señala que el Estado, con lo Gobierno de Pedro Sánchez, aumentó en 2023 las aportaciones en 12,9 millones de euros, pasando de los 51,3 millones de euros al año en 2022 a los 66,2 en 2023; mientras que la Xunta redujo los fondos propios que destina al SAF en 3 millones de euros, pasando de 50,3 millones en 2022 a 47,4 en 2023.
Además, la Xunta se limita a anunciar autorizaciones en el número de horas que puede prestar cada ayuntamiento para posibilitar la entrada de nuevas personas en los programas del sistema, pero sin acompañar de financiación el aumento de horas autorizadas, por lo que cantas más personas, mayor es lo cueste para cada ayuntamiento.
De hecho, son los ayuntamientos los que licitan y adjudican este servicio que si encarece año tras año, especialmente en los ayuntamientos más rurales y más viejos, llegando la entre 23 y 24 euros por hora si servicio, de los que más de la mitad si financian con fondos municipales pese a ser una competencia autonómica.
El acuerdo aprobado insta al Estado a cumplir con sus aportaciones a la Ley de dependencia, a asumir el coste derivado de la reducción del copago de los usuarios provocado por la entrada en vigor de la Ley 10/2023 que a día de hoy están asumiendo los ayuntamientos, a incrementar la financiación autonómica y estatal del SAF, a dotar de medios y recursos humanos a los equipos de valoración de la dependencia y que la Xunta ejerza su función de mediadora en las negociaciones entre las empresas del sector y sus trabajadores y trabajadoras para intentar que si alcance un acuerdo del convenio colectivo del sector.
Rechazada la moción de apoyo a Altri del PP
El pleno rechazó con los votos de PSOE, BNG y Alternativa de los Vecinos la moción del PP en la que solicitaba manifestar el apoyo de la Diputación a la implantación de la fábrica de fibras textís de Altri en Palas de Rei (Lugo), instar a la Xunta de Galicia a dar prioridad la este proyecto y al Gobierno del Estado a concretar su financiación públicos con fondos Next Generation.
El portavoz del PSOE en este punto, José Ramón Rioboo, lamentó "la falta de información y transparencia por parte de la Xunta" y censuró que "el proyecto inicial dista mucho del que estamos conociendo" lo que está generando "preocupación en los ayuntamientos" por lo impacto ambiental que pueda tener en las comarcas de la Ulla, del interior coruñés y de la ría de Arousa.
"Hablábamos de 4.500 empleos y ahora no llegan ni a la mitad", afirmó el portavoz socialista, que destacó el compromiso de su partido "con proyectos que contribuyan a la reindustrialización de Galicia y a la dinamización del rural, pero no podemos apoyar un proyecto sin información clara y transparente. Información, información e información", sentenció.
A portavoz del BNG, Avia Veira, incidió en que "no es una fábrica de fibras textís, sino una factoría que va a fabricar 4.000 toneladas de celulosa" y que generará impacto paisajístico, ambiental y patrimonial, ya que está en el Camino de Santiago.
"En el Parlamento se votó una PNL que decía una cosa y el proyecto es otra", afirmó a portavoz del BNG, que incidió también en que el proyecto está supeditado a la concesión de fondos públicos, con fondos Next Generation.
Alternativa de los Vecinos votó también en contra de la moción del PP. "No me fío de estas empresas multinacionales que el único que traen es destrucción"; afirmó Ángel García Seoane, que citó algunos ejemplos de contaminación provocados por grandes empresas.
Moción sobre el registro de las explotaciones avícolas de autoconsumo
El pleno aprobó con los votos favorables de PP y Alternativa de los Vecinos y la abstención de PSOE y BNG la moción del PP en la que si solicitaba instar al Gobierno de España a suprimir la obligatoriedad de registro de las explotaciones avícolas para autoconsumo en el Real decreto 637/2021. Las portavoces de PSOE y BNG advirtieron que la norma responde a una directiva europea y pretende garantizar la trazabilidad de las aves en lo caso de un problema de salud pública, como un brote de gripe arreglar, y acusaron a la Xunta de no desarrollar la norma estatal y de desmantelar las oficinas agrarias que podrían dar soporte a los propietarios de gallineros de autoconsumo en un trámite sencillo como es el registro.
